por Julio Caballero @IuliusAlfonsus
Fuente: www.noticiasperu-hoy.pe
El año 1971 el DS N°019-71 IN puso en
vigencia el Reglamento de Control de Explosivos de Uso Civil, que reemplazó al
antiguo reglamento de Explosivos de 1909, emitido para establecer el control del
creciente flujo de las nuevas versiones de estos productos que empezaban a
proliferar en todo el mundo en el contexto de una actividad minera que se
expandía para responder a la creciente demanda mundial de metales.
El mencionado Reglamento formulado
por el general Garmendia de la entonces Guardia Civil cuya vigencia la dispuso el DS N° 019-17 IN del 26 de Agosto de 1971, se convirtió en la
norma básica del accionar de la entonces CAMEC en el campo del Ministerio del
Interior a cargo de la Guardia Civil (Control
de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil), que con el tiempo devino en
la Dirección de Control de Armas y Municiones de Uso Civil (DICAMEC) y luego Dirección
General de Supervisión y Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y
Explosivos de Uso Civil (DICSCAMEC) para terminar a fines del año pasado como la Superintendencia Nacional de Control
de Servicios de Seguridad, Armas Municiones y explosivos de Uso Civil (SUCAMEC),
adscrita al Ministerio de Interior.
Cabe señalar que en los inicios del gobierno de Alberto Fujimori, se
dispuso que la entonces DICAMEC pase al
control deoficiales del Ejército como
sucede en el resto de Sud américa, donde la supervisión del campo de explosivos y armas de uso civil es asumido
por sector Defensa en atención a la
naturaleza de los materiales objeto de control. En este nuevo contexto se
reestructuró la organización de la entidad que se convirtió en la DICSCAMEC, procediéndose a la captación de personal y a la implementación de importantes
innovaciones en momentos complicados por
el accionar terrorista en pleno
apogeo. Se capacitó adecuadamente al personal lo que mejoró la eficiencia de la gestión que redundó en
favor dela emisión de permisos y licencias, agregándose a esto la
construcción del nuevo y funcional
local propio a la par que con mucha iniciativa y creatividad se adoptaron
decisiones para superar los efectos y trabas de una serie de vacíos e
imprecisiones derivados del Reglamento de Control de Explosivos de Uso Civil,
cuyo texto se inspiró en normas europeas de la primera mitad del siglo pasado.Concluídoel
período fujimorista, la institución volvió al control de PNP , que asumió al reto de hacer frentea la creciente demanda de los servicios
de esta entidad derivados del inicio del excepcional crecimiento de la minería
para lo que contó con suficiente personal, captado y capacitado en la década anterior.
El 2011, el nuevo gobierno optó por
retornar el control de SUCAMEC al control del Ejército hasta que el primero de
Julio del 2013, se nombra al abogado Erik Latorre Bosa como primer Superintendente Nacional,
hecho que fue seguido inmediatamente de un inusual y masivo relevo de personal operativo, que se tradujo
en el retiro de funcionarios con amplia
experiencia en este particular dominio para ser reemplazados por personal
completamente ajeno a la materia. Esto ocasionó una inusitada contracción
de la capacidad operativa de esta entidad y prácticamente el colapso de la emisión de licencias y
autorizaciones imprescindibles para todas
las actividades vinculadas a la producción, comercio y transporte del
explosivo, insumo fundamental para la
actividad minería. A esto se sumó la
imposibilidad de indagar sobre el estado
de los expedientes en trámite,
consecuencia de la irracional prohibición total de contacto entre funcionarios de SUCAME y los administrados, quienes terminaron
percibiendo que sus gestiones, no obstante haber cumplido las disposiciones y pagos del TUPA, se bloqueaban incompresiblemente,
ocasionando retrasos en la emisión y entrega de documentos que superan largamente los plazos
establecidos en el TUPA.
No obstante comunicados
de SUCAMEC, señalando que la nueva
administración se encuentra trabajando para ubicar a la entidad en un contexto
moderno deeficiencia, a partir de Julio del presente año, lo único que han podido
apreciar los usuarios de sus servicios, es una desconcertante incapacidad para atender sus requerimientos
oportuna y eficazmente, como lo exige
el contexto especial en que se ubican los explosivos de uso civil insumo fundamental
para la minería nacional, lo que redunda
en perjuicios económicos por los que
nadie responde.
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